La pena de muerte en Vizcaya en la Edad Moderna


Luis María Bernal (artículo obtenido de www.euskonews.com)


Una de las imágenes que generalmente se asocia a la justicia de la Edad Moderna es la de la ejecución pública de los condenados a muerte. La presencia de espectadores resultaba fundamental porque lo más importante para las autoridades no era la lucha contra el crimen, sino amedrentar a los ciudadanos para que no cometieran los delitos que habían llevado al patíbulo a los ajusticiados. La misma fórmula se repite en las sentencias a muerte dictadas por la justicia vizcaína de la Edad Moderna: los condenados eran ejecutados “en pena y castigo de sus maldades y para que a otros sirva de escarmiento”. Estas exhibiciones de la justicia convirtieron la pena de muerte en un espectáculo de masas.
En el Fuero de Vizcaya de 1526 se señalaba la condena a muerte a los culpables de incendios, disparos de pólvora contra otra persona, alteración de mojones o por indicios de haber cometido robos, hurtos u homicidio. Según los expedientes judiciales conservados en el Archivo Foral, se dictó esta pena contra, al menos, 40 personas, en su mayoría por haber cometido asesinatos, aunque es imposible conocer la cifra exacta. Esto no quiere decir que las ejecuciones fueran frecuentes en el Bilbao de la Edad Moderna. Al contrario: en el fondo de Corregimiento sólo se conserva información de siete ejecuciones en Bilbao por procesos ordinarios, sobre todo porque muchos acusados de delitos graves, como asesinatos, huían y eran juzgados en rebeldía. Así, la mitad de los condenados a muerte en Vizcaya se encontraban huidos en el momento del juicio. También hay que tener en cuenta que muchos acusados eran condenados a muerte en primera instancia, pero que, tras las apelaciones, la pena se conmutaría por una a servir en el ejército.
En Vizcaya se emplearon dos métodos para las ejecuciones, la horca y el garrote. La horca se aplicaba a los que no podían acreditar su nobleza o hidalguía, mientras que a los naturales del Señorío se les ajusticiaba por medio del garrote que produce una estrangulación semejante a la de la horca pero sin suspender el cuerpo de la víctima, por lo que no era tan espectacular. Era un privilegio del que gozaban los vizcaínos por su condición de hidalgos.
En esta ceremonia de la muerte todos los detalles estaban planeados y siempre se seguía el mismo ritual. Los acusados vestían una túnica y una capucha especialmente confeccionadas por la cofradía de San Antonio y la mula que les llevaba hasta el patíbulo también era cubierta por una tela negra. Al reo le acompañaban los alguaciles, un escribano, el pregonero y varios religiosos, generalmente, los mismos con los que había pasado, encadenado, sus últimas horas en la capilla de la prisión. El trayecto entre la cárcel y el patíbulo siempre era el mismo. La comitiva se dirigía por Artecalle hasta la plaza de la villa, el único escenario capaz de reunir a la multitud que presenciaba las ejecuciones. Por el camino el pregonero propagaba los delitos por los que el acusado había sido condenado a la pena capital. La fórmula también se repite en todos los casos: “Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro Señor y en su Real nombre don Luis Marcelino Pereira del Consejo de Su Majestad, oidor de la Real Chancillería de Valladolid y Corregidor de este Muy Noble y Muy Leal Señorio de Vizcaya, en este reo que ha sido condenado a muerte en causa seguida de oficio de la Real xusticia contra el y otros sobre robos, salteamientos, muerte violenta dada a Pedro Antonio de Aldecoa, Alcaide de la carcel de la Merindad de Durango, y demas deducido en el proceso”.
El procedimiento era rápido. El 4 de diciembre de 1800 entre las 10 y cuarto y las 11 y media de la mañana, los bilbaínos asistieron a las ejecuciones de cuatro bandoleros: Duranto, Juan Ignacio de Jáuregui, Juan Cortés y José Pérez. A los dos primeros, naturales del Señorío, se les ejecutó por medio del garrote, mientras que los otros dos, ambos andaluces, fueron ahorcados. Su verdugo fue Juan Lozano que había llegado desde Valladolid ya que los vizcaínos, por su hidalguía, no podían ser ejecutores de la pena capital.
Los escribanos que asistían a estos actos se limitaban a levantar acta sin entrar en detalles. Así se relata el ahorcamiento de Ignacio de Ventura, un navarro culpado de la muerte de Nicolasa de Undagoitia y de varios asaltos: “haviendo llegado a la Plaza publica de esta villa de Bilbao, a las diez y media y algunos minutos, donde se hallava una orca, y fue colgado en ella del pescuezo por Andres Brizuela ejecutor de sentencias, hasta que al parecer murio y no dio señal alguna de viviente”. Para esta ocasión, el verdugo llegó a Bilbao desde Pamplona. La fecha para la ejecución de Ventura ya estaba fijada y se ordenó que para “evitar mayores gastos se ejecute tambien en esta villa las sentencias que se hallan dadas contra Juan de Legarreta”. Brizuela ejecutó primero a Legarreta con el garrote y media hora después ahorcó a Ventura.
Las actas de los escribanos no reflejan la afluencia o la reacción de los espectadores pero algunas frases permiten conocer el ambiente que se generaría en estos acontecimientos. Tras las ejecuciones, el pregonero leía ante los espectadores una orden del Corregidor prohibiendo que se bajaran del patíbulo los cuerpos de los ajusticiados. En el acta de la ejecución de Ventura se indica que dicha orden fue leída por el pregonero “concurriendo a oirle mucho concurso de gente”. La presencia de numerosos espectadores estaba garantizada ya que las ejecuciones eran un fenómeno esporádico en la sociedad vizcaína de la Edad Moderna, acostumbrada a la violencia pero no a esta teatralización de la muerte.
Tampoco hay descripciones sobre el comportamiento de los espectadores durante estos actos. Antes de la ejecución de los cuatro bandoleros en 1800, el Corregidor solicitó al ayuntamiento de Bilbao que colaborara para que “durante aquel acto se conserve el buen orden y publica tranquilidad”, por lo que es probable que en algún ajusticiamiento anterior se produjeran problemas entre los asistentes. Aunque no hay información sobre ello, es posible que hubiera pendencias o riñas, como solía ocurrir en las fiestas y las romerías, lo que sería una muestra de que los días de ejecución se convertían, prácticamente, en días festivos en los que primaba la diversión sobre la intimidación.
La ceremonia no terminaba con la ejecución ya que los cadáveres permanecían en el patíbulo para que todos los vecinos, aunque no hubieran podido asistir a la ejecución, contemplaran la acción de la justicia. Estaba prohibido quitar los cuerpos del patíbulo sin el permiso del Corregidor, bajo pena de muerte. En el Bilbao de finales del siglo XVIII, lo normal era que el mayordomo de la cofradía de la Caridad y Misericordia solicitara el permiso para retirar los cadáveres el mismo día de la ejecución, por lo que la exhibición de los cuerpos sólo duraba unas horas. Los cofrades enterraban a los ejecutados en sepulturas de la iglesia de Santiago. Así ocurrió con Legarreta en 1778, y con Duranto, Cortés, Pérez y Jáuregui en 1800. La cofradía también pidió permiso para enterrar a Ignacio de Ventura pero el Corregidor no lo permitió: la justicia aún podía sacar más rendimiento de su muerte. La sentencia por la que Ventura y otros bandoleros fueron condenados a muerte incluía la orden de que “se haga quatro quartos o pedazos de cada uno de ellos” para que fueran colocados en diferentes puntos del Señorío, sobre todo en los caminos más transitados. Con esta medida, especialmente aplicada a los bandoleros, se pretendía extender los efectos intimidatorios de las ejecuciones.
El cadáver de Ventura permaneció 18 horas en el patíbulo. A las 4 de la madrugada, su verdugo, Andrés Brizuela, y tres alguaciles descolgaron el cuerpo que fue depositado en un carro y cubierto con paja. Completaban la comitiva un escribano, un fiscal, un pregonero y dos carpinteros. La primera parada se realizó en un puente a la entrada de Begoña. En el mismo carro, Brizuela cortó la cabeza de Casanova que fue introducida en una linterna y colocada sobre una estructura armada por los carpinteros. La comitiva continuó su itinerario y, a medida que llegaban a los lugares indicados, Brizuela mutilaba las partes señaladas en la sentencia. En cada parada el pregonero leía la orden del Corregidor prohibiendo, bajo pena de muerte, que nadie retirara los restos. La pierna izquierda y una parte del cuerpo fueron colocados a la entrada del monte Gumucio, en Galdácano, zona especialmente frecuentada por los bandoleros; en el camino que pasaba por el mismo monte se depositó el brazo izquierdo; la pierna derecha fue colocada en un cruce de caminos junto a Amorebieta, localidad en la que se había cometido el asesinato de Nicolasa de Undagoitia; finalmente, en la plaza del pueblo se depositó el lado derecho del cuerpo con el brazo, ante “muchas personas que concurrieron al acto de esta diligencia”. A las 6 de la tarde, terminó el espectáculo y el carro, vacío, regresó a Bilbao.